El último uso de la pena capital en España tuvo lugar el 27 de septiembre de 1975 cuando dos miembros del grupo político-militar nacionalista y separatista vasco armado ETA y tres miembros del Frente Patriótico Revolucionario Antifascista (FRAP) fueron fusilados tras haber sido condenados. y condenado a muerte por tribunales militares por el asesinato de policías y guardias civiles. España era la única dictadura de Europa Occidental en ese momento y había sido impopular e internacionalmente aislada en el período de posguerra debido a sus relaciones con la Alemania nazi en los años 30 y 40 y al hecho de que su líder autocrático, Francisco Franco, había llegado al poder por derrocar a un gobierno elegido democráticamente. Como resultado, las ejecuciones dieron lugar a importantes críticas al gobierno español, tanto en el país como en el extranjero. Las reacciones incluyeron protestas callejeras, ataques a embajadas españolas, críticas internacionales al gobierno español y medidas diplomáticas, como la retirada de los embajadores de quince países europeos.

Este fue el último uso de la pena de muerte en España; tras la muerte de Francisco Franco, dos meses después, no se produjeron más ejecuciones. La Constitución española de 1978 abolió en gran medida la pena de muerte, con la excepción de casos limitados en tiempos de guerra, y estas excepciones fueron abolidas en 1995. En 2012, una comisión del Gobierno Vasco encontró que los procesos utilizados para condenar a dos de los ejecutados habían violado su derechos y concedieron indemnizaciones a sus familias.