La Petición de Derecho, aprobada el 7 de junio de 1628, es un documento constitucional inglés que establece protecciones individuales específicas contra el estado, supuestamente de igual valor que la Carta Magna y la Declaración de Derechos de 1689. Fue parte de un conflicto más amplio entre el Parlamento y el Monarquía Estuardo que condujo a las Guerras de los Tres Reinos de 1638 a 1651, finalmente resueltas en la Revolución Gloriosa de 1688.

Tras una serie de disputas con el Parlamento sobre la concesión de impuestos, en 1627 Carlos I impuso "préstamos forzosos" y encarceló a quienes se negaron a pagar, sin juicio. A esto le siguió en 1628 el uso de la ley marcial, que obligaba a los ciudadanos privados a alimentar, vestir y acomodar a los soldados y marineros, lo que implicaba que el rey podía privar a cualquier individuo de la propiedad o la libertad sin justificación. Unió a la oposición en todos los niveles de la sociedad, particularmente aquellos elementos de los que dependía la monarquía para el apoyo financiero, la recaudación de impuestos, la administración de justicia, etc., ya que la riqueza simplemente aumentaba la vulnerabilidad.

Un comité de los Comunes preparó cuatro "Resoluciones", declarando cada una de ellas ilegales, al tiempo que reafirmaba la Carta Magna y el hábeas corpus. Charles anteriormente dependía del apoyo de la Cámara de los Lores contra los Comunes, pero su voluntad de trabajar juntos lo obligó a aceptar la Petición. Marcó una nueva etapa en la crisis constitucional, ya que quedó claro que muchos en ambas Cámaras no confiaban en él ni en sus ministros para interpretar la ley.

La Petición sigue en vigor en el Reino Unido y partes de la Commonwealth. Según se informa, influyó en elementos del Cuerpo de Libertades de Massachusetts y en las enmiendas Tercera, Quinta, Sexta y Séptima de la Constitución de los Estados Unidos.